Resumen: Tratándose de acciones ejercitadas al amparo de la legislación de consumidores, debemos tomar en cuenta que, según se desprende de la STJUE de 17 de mayo de 2022 (asunto C-869/19), las condiciones establecidas por los Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido sustancial del derecho, que la citada disposición confiere a los consumidores, a no quedar vinculados por una cláusula considerada abusiva. Cuando se interpuso la demanda existía una situación de incertidumbre jurídica (sentencia 331/2022, de 7 de abril) en cuanto al alcance de los efectos restitutorios derivados de la nulidad de la estipulación reguladora del pago de los gastos generados con ocasión de la concertación del préstamo. Por tanto, existía un interés legítimo de la demandante en promover un procedimiento meramente declarativo para obtener la nulidad de la cláusula de gastos, dejando sin efecto la estipulación considerada abusiva, en situación de incertidumbre en cuanto al alcance de tal pronunciamiento, evitando sus consecuencias, permitiendo la nulidad declarada estimar inexigibles determinados pagos previstos en la estipulación a cargo del consumidor, facilitando en su caso la posterior restitución de lo abonado indebidamente. En consecuencia, se estima el recurso en cuanto existía interés legítimo en la declaración de nulidad de la cláusula de gastos.
Resumen: La sentencia estima el recurso y revoca la de instancia en el sentido de no apreciar la abusividad de la comisión de apertura, tras el nuevo criterio del TJUE en su sentencia de 16 de Marzo de 2023 y tras analizar los parámetros establecidos en esta sentencia para su apreciación.
Resumen: Reproducción de la doctrina sobre novación de cláusula suelo y renuncia al ejercicio de acciones futuras. La jurisprudencia del TJUE admite la posibilidad de que una cláusula potencialmente nula pueda ser modificada por las partes con posterioridad, pero si esta modificación no ha sido negociada deberá superar el control de transparencia. El acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a que fue adoptado cuando ya se había publicado la STS de 9-5-2013 y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo, aparece redactado de forma clara y comprensible y las consecuencias jurídicas y económicas que suponen la aplicación de un interés remuneratorio a tipo fijo, o variable sin suelo, son fácilmente comprensibles por un consumidor medio. La renuncia a la reclamación del exceso pagado en aplicación de la cláusula suelo, al no haber sido negociada individualmente, debería cumplir las exigencias de transparencia, lo que requería que el consumidor dispusiera de la información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que derivaban para él de tal cláusula. Se declara la validez del acuerdo novatorio y la nulidad de la cláusula de renuncia y de la cláusula suelo inicial, por lo que procede la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo hasta la suscripción del acuerdo novatorio.
Resumen: Reproducción de la doctrina de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo, y de otras sentencias que aplican dicha doctrina sobre cláusulas suelo y acuerdos novatorios. Se declara la validez de la estipulación del acuerdo por la que se realiza una modificación del interés ordinario establecido originariamente en la escritura de préstamo, consistente en la eliminación de los límites a la variabilidad del interés, la sustitución temporal del sistema de interés variable por un interés fijo y la posterior vuelta al sistema de interés variable, y la nulidad de la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones. No se hace expresa imposición de las costas de los recursos de casación y apelación y se mantiene el pronunciamiento sobre costas de la sentencia apelada, consistente en imponerlas a la entidad bancaria demandada.
Resumen: Ya en un proceso ordinario derivado de la oposición ejercida en un previo juicio monitorio, la Sala indica que, si existen dudas sobre la realidad de la deuda, resulta determinante la postura que adopte la parte demandada y, en este caso, no impugnó la autenticidad de los documentos justificativos de la pretensión, de la cesión el crédito, del contrato de préstamo, de la certificación del saldo y de los extractos de abonos y cargos. A continuación, valora la posible existencia de un interés remuneratorio usurario, una TAE del 13,17% pactada en un contrato de préstamo. Examina la doctrina jurisprudencial aplicable, valorando que no existe una notable y gran desproporción entre el interés aplicado y la media del mercado relevante formado por la prueba que supone las estadísticas del Banco de España cuando ni siquiera alcanza el doble del interés medio aplicado al producto. No es, pues, un interés usurario. Y la Sala, tampoco, acepta que se haya incurrido en una infracción de los principios de incorporación y transparencia. Se supera con seguridad el control de incorporación, dado el carácter legible del contrato y sus elementos esenciales a partir de un clausulado que no peca de falta de claridad, concreción o sencillez. No se han omitido los elementos esenciales sobre el coste del crédito. Y, para un consumidor medio, no es compleja la verificación de la carga jurídica y económica del contrato que suscribe.
Resumen: El motivo del recurso de casación versa sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios indebidamente abonados como consecuencia de una cláusula nula por abusiva en un contrato con consumidores. La entidad recurrida se ha allanado definitivamente a las pretensiones de la parte actora. El allanamiento de la parte recurrida-demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, debe estimarse el recurso de casación y desestimar el recurso de apelación de la demandada, con la consiguiente confirmación de la parte dispositiva de la sentencia de primera instancia.
Resumen: El motivo del recurso de casación versa sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción de restitución de los gastos hipotecarios indebidamente abonados como consecuencia de una cláusula nula por abusiva en un contrato con consumidores. La entidad recurrida se ha allanado definitivamente a las pretensiones de la parte actora. El allanamiento de la parte recurrida-demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, se estima el recurso de casación, se desestima el recurso de apelación del banco y se confirma la sentencia apelada, incluido su pronunciamiento sobre costas.
Resumen: La sentencia analizada resuelve recurso de apelación interpuesto contra la dictada en primera instancia, que estimó la demanda presentada para solicitar la nulidad de la cláusula de comisión de apertura del contrato de préstamo hipotecario. El tribunal de apelación estimó el recurso de apelación interpuesto, revocó la sentencia y acordó desestimar la demanda y declarar la validez de la cláusula de comisión de apertura. Expone el tribunal los criterios jurisprudenciales sobre comisión de apertura, tanto los establecidos por el TJUE como los establecidos por el TS en aplicación de aquellos. El tribunal de apelación, aplicando dichos criterios, considera la cláusula transparente y no abusiva y no generadora de desequilibrio económico en perjuicio del consumidor por responder a un servicio prestado y por no ser excesivamente onerosa (el porcentaje del 0,60% del capital prestado se mueve en un ámbito promedio: 0,25% y 1,50%).
Resumen: La solicitud de juicio monitorio fue inadmitida previo requerimiento a la solicitante de que, en el plazo de 10 días, aportase la liquidación del préstamo con el detalle de las disposiciones, movimientos con desglose de los conceptos de donde resulta el saldo deudor, y, en especial de la deuda que se dice pendiente. No se aportó y el procedimiento se archivó. En el recurso se sostiene que la documentación aportada con el escrito de inicio de procedimiento monitorio, consistentes en el contrato y la certificación de saldo deudor es suficiente. La Sala recalca que el Juzgado sólo puede valorar, en ese trámite, si de la documentación aportada con el escrito de inicio de procedimiento monitorio, conjuntamente considerada, constituye, o no, un principio de prueba de "una buena base de apariencia jurídica de la deuda". Si se aporta el contrato, pueden conocerse las cuotas incluidas. Si ese contrato es un contrato de préstamo personal, en él figura desde el inicio el importe prestado, el número de cuotas y el importe de cada una de ellas. Y el certificado del saldo deudor aportado, según el cual la reclamación se integra por principal impagado e intereses ordinarios impagados, es suficiente para determinar el origen de la deuda objeto de requerimiento. La documentación aportada, dice la Sala, cumple los requisitos legalmente exigidos para la admisión a trámite del procedimiento monitorio en aplicación del artículo 815 LEC. Estima el recurso.
Resumen: Se ejercitaba un acción de reclamación del saldo deudor de dos contratos de préstamo. El Juzgado rechazó que los intereses pactados fueran usurarios y, en el recurso, se insiste en su falta de transparencia. Previamente, en dos procedimientos distintos, se habían declarado nulas sendas cláusulas de vencimiento anticipado. Frente a la alegada incongruencia, la Sala señala que no se puede pretender que el Juzgado proceda analizar todas y cada una de las cláusulas de los contratos objeto de debate, cuando la parte que ha tenido oportunidad de oponer que cláusulas considera nulas por abusivas, no concreta las mismas e impidiendo a la otra parte hacer alegaciones al respecto. Y, respecto a la cuestión de la usura señala que no se trata d una tarjeta de crédito revolving, y no es de aplicación la sentencia del Tribunal Supremo, sentencia del pleno de 15 febrero 2023, aplicable a tarjetas y créditos revolving, sino que ha de atenderse al interés medio para créditos al consumo a más de 1 año y menos de 5 años fijado por en las estadísticas publicadas por el Banco de España para el año 2018, que era del 7,98 %, mientras que el pactado lo era de un 9,95% TAE. Los préstamos al consumo no tienen ninguna garantía, el interés pactado es superior a un préstamo garantizado, como es el préstamo hipotecario. Y es criterio de la Sala considerar como usurario el interés pactado en un préstamo al consumo cuando el mismo supere en más del doble el interés normal del dinero. Desestima el recurso.
